Qué es el finiquito

Qué te tienen que entregar, y cuándo

El finiquito no es solo una cifra: es un documento con requisitos. El artículo 49.2 del Estatuto obliga a la empresa a acompañar, al comunicar la denuncia o el preaviso de la extinción, una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas. Es decir, el desglose concepto a concepto, y antes de la firma, no después.

El mismo apartado te reconoce otro derecho que casi nadie ejerce: puedes solicitar la presencia de un representante legal de los trabajadores en el momento de firmar el recibo, y que se haga constar en el propio documento que firmaste en su presencia — o que no quisiste usar esa posibilidad. Y si la empresa impide esa presencia, puedes hacerlo constar tú mismo en el recibo. Esa anotación no cuesta nada y vale mucho si después hay que discutir.

Sobre el momento del pago, el Estatuto no fija un plazo concreto y lo habitual es que se abone con la última nómina. Lo que sí fija es el precio del retraso: el artículo 29.3 establece un interés por mora del 10 % de lo adeudado.

Hasta dónde llega tu firma

Circula la idea de que firmar el finiquito cierra la puerta a todo, y la ley no dice eso. Un finiquito es, jurídicamente, una transacción, y el artículo 1815 del Código Civil la acota: «la transacción no comprende sino los objetos expresados determinadamente en ella», y la renuncia general de derechos se entiende hecha solo respecto de los que tienen relación con la disputa.

A eso se suma el artículo 3.5 del Estatuto: no cabe disponer válidamente de los derechos reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Por eso una fórmula genérica del tipo «saldado y finiquitado por todos los conceptos» no salda aquello que ni siquiera aparece desglosado en el documento.

Firmar como «recibí y no conforme» sigue siendo buena idea, pero conviene entender por qué: su valor es probatorio. No es una fórmula mágica que conserve derechos por sí sola; lo que hace es impedir que tu firma se lea como una aceptación sin reservas. Cobras lo que te ofrecen y dejas constancia de que discutes la cifra.

Si la empresa no puede pagar: el FOGASA

Cuando la empresa es insolvente o está en concurso, entra en juego el Fondo de Garantía Salarial. El artículo 33 le encarga abonar los salarios pendientes de pago por esa causa, y también las indemnizaciones por despido o extinción de contrato en los supuestos de los artículos 50, 51, 52, 40.1 y 41.3, además de los previstos en la legislación concursal.

Hay un detalle que decide muchos casos y conviene conocer antes de firmar un acuerdo. El Fondo abona indemnizaciones reconocidas en sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa. Un pacto privado con la empresa, por muy firmado que esté, no encaja en esa lista: si la empresa acaba sin poder pagar, ese acuerdo no te abre la puerta del FOGASA. Es una razón de peso para reclamar por la vía formal cuando la empresa da señales de insolvencia.

El Fondo tampoco paga sin límite: sus importes están topados tomando como referencia el doble del salario mínimo interprofesional diario, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Puede cubrir una parte y no el total, así que conviene consultar los topes vigentes al presentar la solicitud. Si tu problema es simplemente que no te pagan, empieza por cómo reclamar el finiquito.